Jueces peligrosos

Jueces antidemocráticos

Vistas las últimas decisiones de algunos magistrados, salas y órganos de gobierno del poder judicial, no puedo dejar de pensar que han conculcado el principio de imparcialidad, exigible en todo momento y actuación, por la entrepierna.

El Tribunal Constitucional se pronuncia (¿juzga?) dos veces un mismo hecho: la recusación del magistrado Pablo Perez Tremps y emite (¿sentencia?) dos veredictos radicalmente diferentes; el pleno de la Audiencia Nacional desautoriza a la Sala que juzga el caso de Juana Chaos; el Consejo del Poder Judicial, emite dictámenes sobre temas que no son de su competencia; vocales del CPJ desautorizan las labor de investigación de juez instructor del caso del 11-M; el presidente del Consejo del Poder Judicial, compara aprender a bailar sevillanas con el aprendizaje del catalan; deniegan el amparo solicitado por el juez Garzon y corren presurosos a atacar al lendakari;…

Sin disimulos han trocado el papel de imparcialidad por el de sumisión a los dictados e intereses del PP. Se han convertido en el brazo armado de la ley contra la voluntad popular, en el caso del Estatut d’Autonomia de Catalunya no puede olvidarse que es una ley aprovada por el Parlament de Catalunya,las Cortes (representación máxima de la soberanía nacional) y en referéndum por el pueblo Catalunya.

Cuando toman parte y juegan a favor de los intereses de un partido estan dejando de lado la imparcialidad con la que deberían actuar y generando indefensión e inseguridad jurídica. Han ido más allá de los límites de lo razonable y de sus competencias para jugar en el campo de los intereses electoralistas del PP. Han judicializado la vida política y han politizado la vida judicial.

Son extralimitaciones que, sin duda, comportan un tufo antidemocrático.

La infabilidad del poder judicial

Confieso que en los últimos días me ha dado por creer que un importante sector de la judicatura española se cree investido del principio papal de infabilidad. Ellos tienen la verdad absoluta y por lo tanto no están sujetos a error (los equivocados son los demás).

Sus sentencias están impregnadas de su particular concepción y valores. Escritas desde el convencimiento de ser los guardianes de las esencias y el último bastión contra los infieles.

Han olvidado que una sentencia fija la condena o absolución del encausado de acuerdo a lo establecido en la ley y con las garantías que esta fija. La sentencia es un acto racional, tasado en la ley que nace de un sistema acordado libremente por los hombres y mujeres de una sociedad. Y ellos, los jueces, son meros administradores o aplicadores de lo establecido, nada ni nadie les otorga más poder que el establecido en la ley.

Aunque se crean infalibles la estan pifiando una vez tras otra e incurriendo en ilegalidades manifiestas.

Los jueces en la sociedad moderna: ¿poder judicial o funcionarios?

Montesquieu definió la separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Fue un avance en la construcción de las sociedades democráticas modernas, pero desde entonces han pasado siglos y lo que en su momento fue motor de progreso, hoy puede convertirse en un lastre.

La separación de poderes, no hay que olvidarlo, nació al calor del empirismo y del racionalismo ahí radica su virtud, sin embargo, hoy, es un dogma incuestionable. En este punto se ha de hacer notar que empirismo y dogma son antitéticos y, por lo tanto, habría que, revisar de nuevo la teoría y su aplicación.

La separación de poderes es necesaria y hay que mantenerla. No obstante hay que señalar el proceso de constitución de cada uno de ellos:

El poder legislativo y ejecutivo nacen de la elección por sufragio universal y para un periodo de tiempo determinado. Es decir, son la expresión de la voluntad popular o, si se quiere, son los representantes del pueblo soberano.

El poder judicial surge, fundamentalmente, de unas oposiciones y en algunos casos es el reconocimiento a una trayectoria profesional (4ª turno) y se adquiere la condición de juez de por vida.

Así pues, ¿puede un funcionario que desarrolla su trabajo por haber ganado unas oposiciones bloquear con sus decisiones la vida política de un país?, ¿está legitimado para ello?

Ningún ciudadano les ha otorgado esta prerrogativa, nadie los ha elegido para desempeñar una función que vaya más allá de la administración de justicia.

Se me presenta además otro problema de lógica. El funcionario, juez en este caso, lo es de por vida, ¿puede algún poder democrático ir más allá del mandato tasado?.